Salud mental: Un compromiso del Estado para todos

Jorge Fuentes,

psicólogo y Director de Pranavida

El reciente Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, firmado  y presentado al Congreso por el Presidente Gabriel Boric, representa un hito crucial para Chile. Esta legislación no sólo promueve y protege la salud mental de las personas durante todo el desarrollo de su vida, sino que también marca el compromiso del Estado con el bienestar integral de su población. En un país donde los problemas de este ámbito han sido tradicionalmente estigmatizados y desatendidos, este proyecto ofrece una esperanza renovada para miles de ciudadanos que enfrentan desafíos en esta área.

La relevancia de que el Estado asuma un rol proactivo en este ítem no puede ser subestimada. El descuido de la salud mental tiene repercusiones profundas y amplias en la sociedad y el presidente Boric ha destacado la importancia de romper con los prejuicios que la rodean, un paso esencial para crear una cultura de comprensión y apoyo.

El proyecto de ley es el resultado de un proceso inclusivo y deliberativo que involucró 27 diálogos ciudadanos a lo largo de todo el país, con la participación de 2.790 personas. Este enfoque participativo es crucial para asegurar que la legislación refleje las necesidades y experiencias reales de la población. Además, la colaboración de múltiples ministerios subraya la naturaleza multifacética de la salud mental, que no puede ser abordada de manera aislada.

La ley propone una regulación integral que abarca aspectos de promoción y protección de la salud mental, considerando los determinantes sociales de la salud y los derechos humanos. Este enfoque holístico es esencial para crear un entorno que favorezca el desarrollo mental saludable desde la infancia hasta la vejez.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la creación de un Comité Interministerial, encargado de elaborar la Política Nacional de Salud Mental y su plan de acción. Esta iniciativa asegura que ésta sea integrada en las políticas públicas de diversos sectores, incluyendo educación, trabajo, vivienda y justicia. La coordinación intersectorial es vital para abordar los múltiples factores que afectan la salud mental y asegurar un enfoque coherente y efectivo.

La ley también pone un énfasis significativo en la inclusión social y el apoyo a la vida, independiente de las personas con enfermedades o trastornos de salud mental. El Estado será responsable de desarrollar políticas que promuevan la integración social y proporcionen servicios sanitarios, apoyos ambulatorios y hospitalarios en un modelo integrado con otras necesidades de salud. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida de las personas afectadas, sino que también contribuye a la cohesión social y a la reducción del estigma.

La Ley Integral de Salud Mental es una respuesta necesaria y oportuna a una problemática que afecta profundamente a la sociedad chilena. Al asumir el Estado un rol central en su promoción, protección y tratamiento, se sientan las bases para una sociedad más justa, inclusiva y saludable. Este proyecto no solo representa un avance legislativo, sino también un cambio cultural, al reconocerla como una prioridad fundamental. Es imperativo que todos los sectores de la sociedad se sumen a este esfuerzo, rompiendo estigmas y apoyando a quienes más lo necesitan. La salud mental importa, y es responsabilidad de todos construir un futuro donde sea atendida con la dignidad y el respeto que merece.